La noticia de la detención del eurodiputado Alvise Pérez ha generado un gran revuelo en los medios de comunicación. El político, líder del partido Se Acabó La Fiesta (SALF), ha sido acusado de un presunto delito de calumnias.
Según fuentes policiales, la detención se produjo en una casa rural de la provincia de León. Los agentes se personaron en el lugar tras recibir una orden de arresto emitida por un juzgado de la ciudad. Sin embargo, una vez en el lugar, Alvise Pérez se identificó como aforado, lo que impide su detención sin autorización del Tribunal Supremo.
Ante esta situación, los agentes se marcharon sin proceder a su arresto. Alvise Pérez ha denunciado en sus redes sociales un "intento de detención ilegal", alegando que los agentes no tenían autorización para detenerlo.
El caso ha generado una gran controversia, con opiniones divididas sobre la actuación policial y las acusaciones contra Alvise Pérez. El propio eurodiputado ha asegurado que los cargos en su contra son "falsos" y que se trata de una "persecución política".
Por su parte, el Juzgado de León que emitió la orden de detención ha declinado hacer declaraciones sobre el caso. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre la investigación y el futuro judicial de Alvise Pérez.
La detención del eurodiputado ha puesto de relieve la cuestión de los aforamientos, que protegen a determinados cargos políticos de ser detenidos o procesados sin autorización del Tribunal Supremo. Esta medida, que pretende garantizar la independencia de los representantes electos, ha sido objeto de debate en los últimos años, con voces que piden su reforma o incluso su eliminación.