Mossack Fonseca, Panamá y el intercambio de información tributaria

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) mantiene una campaña para la implementación universal de un sistema pensado para combatir lo que dicho organismo denomina Erosión de las Bases y Transferencia de Beneficios (Base Erosion and Profit Shifting o Beps, por sus siglas en inglés). Lo llamaremos Beps. En esencia, Beps consiste en un sistema multilateral de intercambio automático de información tributaria entre los países que suscriban el acuerdo correspondiente.

Este proyecto Beps de la Ocde constituye un cambio importante respecto de la política que sobre intercambio de información tributaria había venido manteniendo dicha organización durante los últimos años, que consistía en la promoción de redes de intercambio bilateral de información entre países. Este cambio de exigir intercambio bilateral a un sistema de intercambio multilateral, la Ocde ha manifestado que se justifica por el hecho que los sistemas de intercambio bilateral tienen falencias que se prestan para esquemas de erosión de las bases del impuesto corporativo sobre la renta. Según la Ocde, el nuevo sistema está llamado a restaurar la confianza de las personas en sus sistemas impositivos, nivelar el terreno de juego para las empresas y proveer a los gobiernos con herramientas más eficientes para asegurar la efectividad de sus políticas fiscales soberanas. Además, sostiene la Ocde, el nuevo sistema de intercambio multilateral que propone, vendría a estandarizar normas y procedimientos, con lo cual el sistema redundaría en beneficios incluso para las empresas multinacionales.

¿Cuál es la posición de Panamá sobre el intercambio multilateral?

En primer lugar, en la reciente sesión anual de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el presidente de la República, Juan Carlos Varela, expresó durante su intervención que Panamá acepta la necesidad de establecer controles adecuados para asegurar que sus sistemas financiero y logístico sean utilizados solo para fines legítimos, y que para ello el país ha venido adoptando normas y sistemas de control cada vez más estrictos. En este sentido, indicó que Panamá acepta que debe migrar hacia un sistema de intercambio automático de información fiscal. Sin embargo, acotó que Panamá continuará suscribiendo acuerdos de intercambio de información bilaterales, como lo ha venido haciendo con los principales socios comerciales del país.

Además, el presidente Varela puntualizó, en su intervención en la ONU, que cualquier cooperación de la República de Panamá en materia de intercambio de información fiscal estará condicionada a dos factores: A la capacidad y circunstancias nacionales (de Panamá) y el entorno geopolítico internacional y que se respete el derecho soberano de cada país a tomar las medidas necesarias para garantizar que el intercambio de información fiscal persiga el bien común y no sea utilizado para perjudicar la competitividad de unos países frente a otros.

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Lo anterior fue en octubre de 2015. Pero posteriormente, la postura del país ha sido reafirmada por la Cancillería. Gian Castillero, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores para temas económicos, declaró a mediados de diciembre de 2015, a un importante medio escrito de noticias financieras del país, que Panamá no suscribirá el acuerdo multilateral que resulte del proyecto Beps de la Ocde, y que en cambio continuará negociando y suscribiendo acuerdos bilaterales para el intercambio automático de información fiscal, sobre la base de los criterios enunciados por el presidente Varela en su intervención ante la Asamblea General de la ONU.

¿Por qué Panamá prefiere la vía de acuerdos bilaterales?

Castillero fue bastante franco en su declaración publicada antes referida, y dijo que la Ocde basa su proyecto Beps con intercambio multilateral sobre la premisa que todos los países son iguales, premisa que señala como equivocada y que hay muchos países con retos que pueden ser terriblemente afectados por el intercambio automático de información fiscal. Fue claro al señalar que se refiere a los riesgos de secuestro y al riesgo que la información de los activos de una persona pueda ser usada para fines políticos. Es por esto que Panamá -señala- se reserva su potestad soberana para decidir con qué países suscribe acuerdos de intercambio de información.

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