¿Quién es Salvatore Mancuso, el excomandante paramilitar que ahora denuncia a Uribe?




Salvatore Mancuso fue un excomandante paramilitar colombiano, líder del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar de extrema derecha que operó en el noroeste de Colombia durante la década de 1990 y principios de la de 2000.
Mancuso nació en 1964 en el municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia. Se unió a las AUC en 1991 y rápidamente ascendió en las filas, convirtiéndose en uno de los comandantes más poderosos del grupo. Bajo su mando, las AUC llevaron a cabo una brutal campaña de violencia contra la población civil, incluyendo masacres, torturas, desapariciones forzadas y desplazamientos.
En 2004, Mancuso se desmovilizó de las AUC como parte del proceso de paz del gobierno colombiano. Sin embargo, posteriormente fue extraditado a los Estados Unidos, donde fue condenado por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Actualmente cumple una condena de 15 años de prisión.
Desde su extradición, Mancuso ha cooperado con las autoridades estadounidenses y colombianas en la investigación de los crímenes cometidos por las AUC. Ha proporcionado información valiosa sobre las operaciones del grupo, su relación con políticos y militares, y las fuentes de financiación.
En los últimos años, Mancuso ha hecho acusaciones de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez estuvo implicado en la creación y apoyo de las AUC. Estas acusaciones han sido recibidas con escepticismo por algunos sectores, pero han sido tomadas en serio por otros, incluida la Corte Penal Internacional (CPI).
La CPI está investigando actualmente las acusaciones de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por las AUC y otros grupos armados en Colombia. El tribunal ha solicitado la extradición de Mancuso de los Estados Unidos para que pueda testificar en el juicio.
El caso de Salvatore Mancuso ha puesto de relieve el papel de los grupos paramilitares en el conflicto armado colombiano y la impunidad de la que han gozado muchos de sus líderes. También ha generado preguntas sobre la responsabilidad del gobierno colombiano en la creación y apoyo de estos grupos.